El senador del Centro Democrático negó estar detrás de las presiones y defendió las modificaciones a la JEP que fueron incluidas en el proyecto de reglamentación aprobado.
Blu Radio denunció en la mañana de este viernes que militares habrían recibido presiones y amenazas por parte de gente dentro del Centro Democrático, aparentemente, para que estos apoyen las reformas a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), algunas de las cuales quedaron en el proyecto de ley de reglamentación aprobado el pasado miércoles.
De acuerdo con Néstor Morales, director de Mañana Blu, las amenazas que habrían recibido estos generales de las Fuerzas Militares, de quienes no se revelaron los nombres, van encaminadas a la llegada de Iván Duque Márquez a la Presidencia y el supuesto cambio de la cúpula militar una vez se posesione el nuevo gobierno.
Morales aseguró que quien los presiona desde el Centro Democrático los tilda de ser generales “enmermelados, santistas y afectos al proceso de paz”.
Quien estaría detrás de estas denuncias, según Blu Radio, es el senador José Obdulio Gaviria, de la bancada uribista en el Senado. Sin embargo, en entrevista con esa misma emisora, y con actitud displicente, el senador respondió con un simple “No” cuando le preguntaron si las amenazas eran ciertas.
En esa misma actitud respondió un par de preguntas siguientes y le solicitó al periodista que, sobre ese asunto, se remitiera a la intervención que realizó el pasado miércoles en la plenaria del Senado. “Usted siempre supone lo peor, pero yo no he dicho, ni en público ni en privado, nada”.
“¿Cree que la cúpula militar de Colombia es enmermelada?”, pregunto Morales. “Yo no dije eso, yo dije deliberante, y eso es inconstitucional, porque firmaron una carta redactada por político”, expresó Gaviria, quien sostiene que la carta que envió la cúpula militar a la senadora Paloma Valencia el miércoles en la mañana, en la que señalan que se necesita con urgencia la reglamentación de la JEP, fue escrita por el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas.
La reglamentación de la JEP, que dicta las pautas de funcionamiento de la justicia transicional, fue aprobado el pasado miércoles con dos artículos (uno modificado y uno nuevo) propuestos por el Centro Democrático. Uno tiene que ver con la limitación a la JEP para ordenar pruebas encaminadas a verificar la fecha de cometimiento de crímenes de quienes se sometan a ella, en caso de que haya de por medio una solicitud de extradición.
El segundo punto tiene que ver con el aplazamiento del comparecimiento de militares a esta jurisdicción hasta que el Centro Democrático y el nuevo gobierno presente un acto legislativo que pueda crear una sala especial para el juzgamiento de miembros de la Fuerza Pública. El plazo sería de 18 meses para que el Congreso legisle sobre la materia, lo que, en opinión del Gobierno, es abiertamente inconstitucional y podría poner en riesgo a los uniformados que ya han recibido el beneficio de la libertad por parte de la JEP al manifestar su compromiso de someterse a esta y que, en estos casos, podría intervenir la Corte Penal Internacional (CPI).
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